#39# “NUEVAS MEDIDAS FISCALES, SOCIETARIAS Y LABORALES GENERADAS POR LA CRISIS COVID-19” - Delaw Firm
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#39# “NUEVAS MEDIDAS FISCALES, SOCIETARIAS Y LABORALES GENERADAS POR LA CRISIS COVID-19”

El Real Decreto 463/2020 publicado el sábado 14 de marzo de 2020, publica, entre otras medidas,  la duración del estado de alarma, desde el 14 de marzo de 2020 hasta el 29 de marzo de 2020. Por otro lado también venimos a exponer el contenido del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, publicado el miércoles 18 de marzo de 2020, donde se regulan las nuevas condiciones económicas y sociales:

  • Los plazos de pago de la deuda tributaria, los vencimientos de los plazos de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, y los plazos para atender los requerimientos, apremio de bienes inmuebles, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, no se iniciará hasta concluido dicho período.
  • No obstante lo anterior, las deudas tributarias resultantes de una autoliquidación deberán pagarse en los plazos que establezca la normativa de cada tributo. En el mismo sentido, tampoco quedarán suspendidas la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
  • Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos de gobierno podrán celebrarse por videoconferencia, y los acuerdos de los órganos de gobierno y de administración podrán adoptarse mediante votación por escrito y sin sesión siempre que lo decida el presidente y deberán adoptarse así cuando lo solicite, al menos, dos de los miembros del órgano.
  • El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales,  queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha y si ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
  • Si la convocatoria de la junta general se hubiera publicado antes de la declaración del estado de alarma pero el día de celebración fuera posterior a esa declaración, el órgano de administración podrá modificar el lugar y la hora previstos para celebración de la junta o revocar el acuerdo de convocatoria mediante anuncio publicado con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas en la página web de la sociedad y, si la sociedad no tuviera página web, en el «Boletín oficial del Estado». En caso de revocación del acuerdo de convocatoria, el órgano de administración deberá proceder a nueva convocatoria dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiera finalizado el estado de alarma.
  • Aunque concurra causa legal o estatutaria, en las sociedades de capital los socios no podrán ejercitar el derecho de separación hasta que finalice el estado de alarma y las prórrogas del mismo que, en su caso, se acuerden.
  • En caso de que, antes de la declaración del estado de alarma y durante la vigencia de ese estado, concurra causa legal o estatutaria de disolución de la sociedad, el plazo legal para la convocatoria por el órgano de administración de la junta general de socios a fin de que adopte el acuerdo de disolución de la sociedad o los acuerdos que tengan por objeto enervar la causa, se suspende hasta que finalice dicho estado de alarma. Si la causa legal o estatutaria de disolución hubiera acaecido durante la vigencia del estado de alarma, los administradores no responderán de las deudas sociales contraídas en ese periodo.
  • Se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo.
  • Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales, si bien no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y  violencia sobre la mujer o menores.
  • La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos.
  • Intervenir y ocupar industrias, fábricas, talleres, locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros y  servicios sanitarios de titularidad privada, así como practicar requisas temporales de todo tipo de bienes en aquellos casos en que resulte necesario para la salud pública.
  • Las personas únicamente podrán circular por las vías de uso público para la realización de: a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación y  retorno. d) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables. e) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. f) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada. g) Se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.
  • El  trabajo a distancia, deberá ser prioritario frente a la cesación temporal o reducción de la actividad
  • Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción especial de la jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores.
  • Se concede una moratoria en el pago de la deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual cuando el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas o no supere los límites establecidos en la norma o en caso de que sea persona con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento.
  • Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a una prestación extraordinaria por cese de actividad de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.
  • Se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados.
  • Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, tendrán la consideración de fuerza mayor. La empresa  comunicará su solicitud a las personas trabajadoras, con causa motivadora de la suspensión por la existencia de fuerza mayor que será constatada por la autoridad laboral previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El trabajador tendrá derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  • Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
  • El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a empresas y autónomos para atender sus necesidades  por un importe máximo de 100.000 millones de euros. Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir se establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros.
  • Los contratos públicos de servicios y de suministros de prestación sucesiva, y cuya ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda reanudarse y, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión.